De niñxs en peligro a niñxs peligrosos
Centros cerrados de menores
En los últimos años estamos insistiendo en un diseño institucional de la red de centros de menores basado en la clasificación de estos menores bajo criterios "de anormalidad" y "inadaptados" que provoca graves consecuencias. El procedimiento consiste en trocear la realidad de estos menores poniendo énfasis en sus aspectos más conflictivos. Con la culpabilización de estos niños/niñas se somete a una intervención progresivamente más represiva, centros cada vez más cerrados y más carcelarios.
Los centros de menores, las prisiones de menores, son la respuesta que el Estado viene dando desde hace muchos años a los problemas sociales de estos niños, niñas y jóvenes. Antes se llamaban reformatorios y actualmente se utiliza el término "centros educativos" pera poder justificar los abusos que está cometiendo esta política institucional, legitimizando como un método educativo el que es un verdadero sistema de represión y control, de dominación, sometiendo de los y las menores a un régimen de vida y a un modelo de convivencia que criminaliza la situación de pobreza que sufren muchas
de las familias de estos menores.
Estos modelos de vida y convivencia que impera dentro de los centros cerrados de menores (disfrazados como proyectos educativos), es un modelo basado en el sometimiento a un duro régimen disciplinario y a la represión de las conductas desviadas de estos objetivos. Con todo esto, lo único que consiguen es generar una dinámica circular donde el control y la represión hace que los y las menores respondan con nuevos sistemas violentos de defensa que a la vez justifican las respuestas de una mayor violencia institucionalizada.
No puede existir un proyecto educativo, aunque si figure por escrito, porque el patrón que marca la vida cuotidiana funciona a golpes de amenazas y sanciones. No puede haber "educación" porque no hay relaciones ni vínculos personales ni afectivos, ya que en estos centros tan solo hay vigilantes y vigilados, cuidadores y cuidados, dominadores y dominados. Detrás de las prisiones de menores hay muchísimos intereses económicos que no tienen nada que ver con los niños y niñas. La mayoría de estos menores provienen de familias y ambientes con falta de recursos, y las prisiones, una vez más, resultan ser un mecanismo para poder castigar la pobreza. Las disposiciones sobre el funcionamiento de los centros cerrados o de internamiento limitan los derechos fundamentales de intimidad y seguridad y en la actualidad se puede aislar a un niño o a una niña en una celda durante 7 días consecutivos sin prever todos los efectos nocivos que esto puede provocar al menor.
La ley penal del menor
La ley orgánica 5/200 reguladora de responsabilidad penal de los y las menores, supone que delante la problemática juvenil el Estado reacciona de manera punitiva, que los problemas tienen que ser abordados desde la policía, jueces y centros cerrados de menores y que impera la política criminal sobre la política social.
Creemos que esta ley es una opción represiva y parcial por un problema global que nos afecta a todos y a todas, donde el Estado delega sus responsabilidades culpabilizando a los más indefensos, los niños y niñas, que reciben el castigo como respuesta a una comunicación frustrada de una sociedad e instituciones que hacen oídos sordos delante sus demandas y necesidades. La represión ante determinadas conductas sin atender a los motivos que les provoquen el conflicto social, transformándolo en un problema individual.
Esta ley castiga la falta de recursos criminalizando los contextos de pobreza y exclusión social, dando su apoyo a un modelo muy concreto de relaciones y de organización social, aferrándose a lo que ellos denominan "interés del menor", situando como inadecuado todo eso que salga de la norma y traslada el problema y la culpa al entorno de los niños y niñas.
Mientras tanto en los barrios sigue habiendo múltiples carencias de espacios públicos lúdicos, precariedad en la educación, recortes de las prestaciones sociales, y sin intervenir ni un solo euro en la prevención, esta ley cada vez más beneficia una industria represora (profesionales, entidades, asociaciones, empresas privadas, etc....) con la que los niños y niñas como materia prima, recortan o son inexistentes, mesuras que provoquen realidades menos agresoras y que permitan procesos de crecimiento y de maduración plenos.
Estos procesos judiciales y penas o "mesuras", abortan los procesos de educación de cualquier menor, obligándolo a asumir una responsabilidad penal cuando aun no esta preparado para sumir otros tipos de responsabilidades que derivan del conocimiento y la interiorización vivencial de la realidad y la sociedad en la que le ha tocado vivir.
La penalización provoca reincidencia y la reproducción del conflicto social y esta ley, puesto que esta ley oculta un fracaso social del que todos y todas somos cómplices. El hecho que en nuestra sociedad los conflictos se aborden desde la represión es la responsabilidad de todos y todas y implica una delegación peligrosa en los y las políticos y en las instituciones de la regulación de problemas que nos afectan directamente.
Publicado en "Punto de fuga. De la cárcel a la calle" nº4
Diciembre-Enero de 2007. Lugo. www.puntodefuga.org
Hace un año en Rincón Olvidado.- Realidades en torno al mileurismo.
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Nieves -